Tras treinta y cinco años de docencia y camino de festejar los diez de jubilado, me llega la ley Celá. Nos llega la ley Celá. Aunque reconociendo mi ancestral secuestro por la pedagogía, los asuntos de escuela han hibernado en mí después de la saturación que me supuso una considerable entrega y gran preocupación centradas en la pública. Hoy, con una perspectiva diferente y con mi profesión casi olvidada, salto ante la ley Celá. Y salto porque la considero un atropello. Simplemente no las puedo entender ni a la ley ni a la señora ministra. Salto desde cierta tristeza y el desacuerdo lícito que la Constitución me otorga.
Mi
primera discrepancia es la marginación del español, del castellano. Una lengua
que utilizan 500 millones de personas en el mundo y en la que se escribió el
Quijote no puede ser maltratada de esa manera, y menos como pago de un acuerdo
de presupuestos. El artículo 3 de la Constitución Española no admite dudas: “El castellano es la lengua oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Es un patrimonio común que unos pocos no pueden dilapidar. En mi opinión, suprimir
el castellano como lengua vehicular en la Educación es una irresponsabilidad,
resulta reaccionario, no es progresista y es promover la incultura en la
escuela. También la división. Nada tengo contra el catalán, ni contra el vasco,
ni contra el valenciano o el gallego, lenguas hermosas y respetables que jamás
podrán sustituir al castellano ni en España, ni en Europa ni en el mundo. Diría
más, tampoco en sus respectivas CC.AA., salvo que lo hagan por pura imposición
propia de dictadores.
Mi
segunda gran diferencia son los nuevos criterios en los que se basará la
evaluación y promoción de cursos en primaria, secundaria y bachillerato. Estas
decisiones se dejarán en manos de las administraciones autonómicas y de los
centros. Con este marco de referencia el carajal está servido. No caeré en
acusar a nadie de irresponsabilidad ya que CC.AA. y centros intentarán hacerlo
lo mejor posible, pero me aterra pensar en la infinita diversidad de
situaciones que se pueden producir, no ya entre CC.AA, sino incluso dentro de
una misma provincia o de una misma ciudad o pueblo. Así en una capital con diez o doce centros públicos de secundaria, en cada uno de ellos podría superarse la
ESO o el Bachillerato con criterios diferentes. Llegado el caso, ¿se dará que,
en un mismo centro, a un alumno se le permitirá promocionar con cinco suspensos
porque sus condiciones socio-económicas familiares son media baja mientras que
a su compañera-o se le exigirán tres suspensos para lograr el mismo éxito escolar, ya que su familia es de clase
media –alta? ¿Se convertirán los docentes en evaluadores del contexto familiar
para acabar calificando, no siendo lo mismo el hijo de un padre soltero jubilado que la hija de una pareja rica y homosexual? Me preocupa el deterioro que todo
esto pueda producir en el ámbito escolar, familiar y social. Siempre he pensado
que las leyes están para clarificar y esto no facilita la complejidad del ya difícil
proceso de enseñanza / aprendizaje. Aparte de la excesiva diversidad de
situaciones que pueden producirse, lo complica más delegando responsabilidades
que no asumen.
En
cualquier caso detrás de todo esto están los conocimientos y el esfuerzo,
aspectos que hay que considerar en todo proceso educativo - formativo. Dar
títulos por darlos es una solemne idiotez y fomentar la vagancia desde arriba no es nada
educativo. La incapacidad de nuestros políticos para alcanzar un Pacto de
Estado por la Educación después de tantos años es propio de irresponsables y
está generando, ha generado, daños irreversibles en el tejido social y democrático.
Tampoco
me gusta que desaparezcan los centros de Educación Especial porque creo que es
la única forma de atender adecuadamente algunas discapacidades. Ni maestros de primaria ni
profesores de secundaria, en general, están preparados para tratar determinadas
dificultades. Como tampoco me va eso de controlar tanto las plazas de la
enseñanza concertada, que además de salirle más baratas a los gobiernos de
turno concretan aspectos de una libertad de elección en la enseñanza. Lo que el gobierno tendría que hacer es preocuparse más y mejor de la enseñanza pública y no de vigilar tanto al contexto concertado. Tampoco me va que la Inspección
Educativa sea una prolongación gubernativa recolocando afines. Por todo eso, y
con lamento democrático, no me gusta la ley Celá y menos con las prisas que se
le está imponiendo al Congreso. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Será que primero es
pagar los compromisos contraídos – porque nadie se fía mucho de Sánchez – y luego
cobrar en forma de aprobación de Presupuestos?. Prisas, pandemia, presupuestos,
…. Demasiada movida con tanta incertidumbre. No era el momento para una nueva Ley de Educación.
Cada cual que exponga sus razones. Yo he expuesto las mías.
Nota. Como centros financiados con fondos públicos la concertada debe de asumir una cierta cuota social. Coloco esta nota al final, separada del texto primitivo para no alterar su contenido inicial. Esta nota debe de entenderse como una aclaración complementaria.