Tras treinta y cinco años de docencia y camino de festejar los diez de jubilado, me llega la ley Celá. Nos llega la ley Celá. Aunque reconociendo mi ancestral secuestro por la pedagogía, los asuntos de escuela han hibernado en mí después de la saturación que me supuso una considerable entrega y gran preocupación centradas en la pública. Hoy, con una perspectiva diferente y con mi profesión casi olvidada, salto ante la ley Celá. Y salto porque la considero un atropello. Simplemente no las puedo entender ni a la ley ni a la señora ministra. Salto desde cierta tristeza y el desacuerdo lícito que la Constitución me otorga.
Mi
primera discrepancia es la marginación del español, del castellano. Una lengua
que utilizan 500 millones de personas en el mundo y en la que se escribió el
Quijote no puede ser maltratada de esa manera, y menos como pago de un acuerdo
de presupuestos. El artículo 3 de la Constitución Española no admite dudas: “El castellano es la lengua oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Es un patrimonio común que unos pocos no pueden dilapidar. En mi opinión, suprimir
el castellano como lengua vehicular en la Educación es una irresponsabilidad,
resulta reaccionario, no es progresista y es promover la incultura en la
escuela. También la división. Nada tengo contra el catalán, ni contra el vasco,
ni contra el valenciano o el gallego, lenguas hermosas y respetables que jamás
podrán sustituir al castellano ni en España, ni en Europa ni en el mundo. Diría
más, tampoco en sus respectivas CC.AA., salvo que lo hagan por pura imposición
propia de dictadores.
Mi
segunda gran diferencia son los nuevos criterios en los que se basará la
evaluación y promoción de cursos en primaria, secundaria y bachillerato. Estas
decisiones se dejarán en manos de las administraciones autonómicas y de los
centros. Con este marco de referencia el carajal está servido. No caeré en
acusar a nadie de irresponsabilidad ya que CC.AA. y centros intentarán hacerlo
lo mejor posible, pero me aterra pensar en la infinita diversidad de
situaciones que se pueden producir, no ya entre CC.AA, sino incluso dentro de
una misma provincia o de una misma ciudad o pueblo. Así en una capital con diez o doce centros públicos de secundaria, en cada uno de ellos podría superarse la
ESO o el Bachillerato con criterios diferentes. Llegado el caso, ¿se dará que,
en un mismo centro, a un alumno se le permitirá promocionar con cinco suspensos
porque sus condiciones socio-económicas familiares son media baja mientras que
a su compañera-o se le exigirán tres suspensos para lograr el mismo éxito escolar, ya que su familia es de clase
media –alta? ¿Se convertirán los docentes en evaluadores del contexto familiar
para acabar calificando, no siendo lo mismo el hijo de un padre soltero jubilado que la hija de una pareja rica y homosexual? Me preocupa el deterioro que todo
esto pueda producir en el ámbito escolar, familiar y social. Siempre he pensado
que las leyes están para clarificar y esto no facilita la complejidad del ya difícil
proceso de enseñanza / aprendizaje. Aparte de la excesiva diversidad de
situaciones que pueden producirse, lo complica más delegando responsabilidades
que no asumen.
En
cualquier caso detrás de todo esto están los conocimientos y el esfuerzo,
aspectos que hay que considerar en todo proceso educativo - formativo. Dar
títulos por darlos es una solemne idiotez y fomentar la vagancia desde arriba no es nada
educativo. La incapacidad de nuestros políticos para alcanzar un Pacto de
Estado por la Educación después de tantos años es propio de irresponsables y
está generando, ha generado, daños irreversibles en el tejido social y democrático.
Tampoco
me gusta que desaparezcan los centros de Educación Especial porque creo que es
la única forma de atender adecuadamente algunas discapacidades. Ni maestros de primaria ni
profesores de secundaria, en general, están preparados para tratar determinadas
dificultades. Como tampoco me va eso de controlar tanto las plazas de la
enseñanza concertada, que además de salirle más baratas a los gobiernos de
turno concretan aspectos de una libertad de elección en la enseñanza. Lo que el gobierno tendría que hacer es preocuparse más y mejor de la enseñanza pública y no de vigilar tanto al contexto concertado. Tampoco me va que la Inspección
Educativa sea una prolongación gubernativa recolocando afines. Por todo eso, y
con lamento democrático, no me gusta la ley Celá y menos con las prisas que se
le está imponiendo al Congreso. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Será que primero es
pagar los compromisos contraídos – porque nadie se fía mucho de Sánchez – y luego
cobrar en forma de aprobación de Presupuestos?. Prisas, pandemia, presupuestos,
…. Demasiada movida con tanta incertidumbre. No era el momento para una nueva Ley de Educación.
Cada cual que exponga sus razones. Yo he expuesto las mías.
Nota. Como centros financiados con fondos públicos la concertada debe de asumir una cierta cuota social. Coloco esta nota al final, separada del texto primitivo para no alterar su contenido inicial. Esta nota debe de entenderse como una aclaración complementaria.
Entrada interesante, como siempre. Pero voy a hacer algunos comentarios, desde la amistad y el respeto a todas las ideas:
ResponderEliminar1. Lengua vehicular. Este concepto no existía antes de la lomce. Lo inventó Wert para intentar frenar la inmersión lingüística en Cataluña y otras nacionalidades. No lo consiguió. Creo que la lomloe garantiza que el alumnado aprenda todas las lenguas cooficiales. O sea, la LOMLOE se limita a suprimir la fórmula "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" y dejar un genérico "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". Además, el castellano no está en peligro, se usa ampliamente en Cataluña y en Euskadi.
2. Evaluación y repetición de curso. Cultura del esfuerzo. Creo que estamos de acuerdo en lo básico. Hay que hacer ver al alumnado que aprender requiere esfuerzo, tenacidad, lucha, como un atleta que entrena para una maratón. Y eso se está perdiendo. ¿Aprender jugando? No me lo creo. Contenidos prácticos para la vida, metodologías activas, sí. Por otra parte, la evaluación tiene que ser objetiva y la promoción, también, en todos los centros igual. Yo creo que no debería basarse en el número de suspensos, sino en el peso de las áreas no superadas en el currículo. Es decir, me ha quedado el 10, 20, 30 % del currículo, ya que no es lo mismo 2 h de plástica que 4 de matemáticas. Eso no se contempla exactamente y nunca se ha contemplado. Lo que es absurdo promocionar a un alumno con 3 suspensos en un centro y en otro de la misma localidad, hacer que repita y decir encima, que ha alcanzado la madurez o las competencias del curso o de la etapa. Lo que sí estoy de acuerdo en que hay que limitar el número de repeticiones, porque la repetición solo sirve para un perfil de alumnado específico. Además la evaluación debe realizarse teniendo en cuenta el contexto y las características del alumnado. Lo hemos hecho siempre. Si el grupo de alumnos no tiene un nivel adecuado, adaptamos la metodología y los contenidos a desarrollar, así como la evaluación. Si el alumnado, por sus características, no supera la evaluación, ahí están los programas de diversificación curricular, que la lomloe recupera tras la ley Wert, que fue un desastre. Lo que es imposible de llevar a la práctica son las adaptaciones curriculares poco significativas en un aula, porque el profesorado no puede llevarlas a la práctica tal como están diseñadas. Habría que disminuir la ratio y eso sí que es un defecto de la lomloe: siguen siendo 25, 30 y 35 en Primaria, Eso y BTO respectivamente, pudiendo aumentar en un 10 %.
3. Centros de Educación Especial. No desaparecen. La disposición 4ª establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan en las que administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después, cuando reclaman las familias.
Alekhine
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ResponderEliminar4: Enseñanza concertada. No desaparece. Yo, laicista de convicción, sería partidario de que no se subvencionasen centros de carácter religioso, porque están vedados a las familias que no poseen la confesión religiosa del centro, aunque vivan en las proximidades. No me importaría que se concertasen centros privados de carácter abierto, que su ideario se base en una enseñanza laica, democrática e igualitaria, innovadores en cuanto a su metodología, por ejemplo, como escuelas en la naturaleza, Montessori, etc. Pero nunca empresas con ánimo de lucro. La lomloe quiere evitar que se ceda suelo público a este tipo de centros, que se cobre dinero encubierto a las familias o que segreguen al alumnado por su procedencia. Todas estas novedades me parecen bien, lo mismo que la posibilidad de que el alumnado con necesidades educativas se distribuya entre los centros públicos y privados, para evitar guetos, algo que en tu nota final también recoges. Yo iría más lejos, los centros concertados ubicados en zonas de alto nivel socioeconómico deberían verse obligados por ley a tener una cuota de alumnado con este tipo de carencias, aunque se necesite ampliar el transporte escolar, siempre con permiso de las familias afectadas.
ResponderEliminarLO que olvida la LOMLOE, y por eso a mí tampoco me gusta, es lo siguiente:
1. No obliga a reducir las ratio, como he comentado anteriormente.
2. Deja la religión dentro del currículo escolar, como asignatura no evaluable, sin asignatura espejo, es decir, que durante las horas de religión el alumnado estará perdiendo el tiempo, como pasó antes de la LOMCE. Un disparate. La religión confesional no tiene cabida en el currículo, sí lo tendría una asignatura sobre el hecho religioso, para todos, o incorporar los contendidos a una asignatura como Sociales o Ética.
3. Mantiene las Ciencias como estaban, optativas en 4º de la ESO, cuando deberían ser obligatorias en todos los cursos de la ESO. Veremos en los decretos posteriores si aumenta el horario en 3º.
4. No recupera la ciencia en los bachilleratos de Letras, dejando al alumnado al margen de la cultura científica tan necesaria para entender el mundo y poner en tela de juicio las noticias falsas relacionadas con la tecnología, la salud y el medio ambiente, que tanto daño están haciendo en estos tiempos “revueltos”.
5. Deja al alumnado de la ESO sin conocimientos filosóficos, tan importantes, como la cultura científica, para educar en libertad y construir un pensamiento crítico.
Alekhine