Es la hora de la sedición y la malversación |
Según el INE, con datos de hace tres años, había en España 816.904 personas que se apellidaban Sánchez. Pues bien, desde hace unos años, decir Sánchez en España se asocia unívocamente con Pedro Sánchez, nuestro presidente, que manifiesta cada día el espíritu y la actitud de un “pistolero”, en palabras de Pérez Reverte. Pistolero en el terreno de la política, claro.
Sedición
Personalmente, y a pesar de las
versiones controvertidas que se escuchan sobre cómo se sancionan delitos
similares en los países de nuestro entorno, podría estar de acuerdo con
modificar el Código Penal y rebajar las penas por sedición. Es el
contexto, el entorno y las circunstancias que rodean este abaratamiento –es lo
único que se abarata en España- los que me llevan a rechazarlo.
Supongamos
que los graves hechos ocurridos en 2017 llevados a cabo por el separatismo
radical catalán no existió y por tanto tampoco el juicio a los, ya condenados,
sediciosos; supongamos que en el Congreso de los Diputados hay un acuerdo entre
gobierno y oposición; supongamos que la modificación /casi eliminación de la
sedición no se hace para un grupo concreto de condenados por el estado de
derecho, juicio que se desarrolló con exquisitas garantías; supongamos que la
reforma del Código Penal no se realiza como pago para que te mantengas en el
gobierno; supongamos que el abaratamiento de la sedición no tiene que ver nada
con la aprobación de los presupuestos; supongamos que la citada rebaja de penas
es una necesidad compartida, una actualización necesaria,…. Pues bien,
¡Refórmese! Mejórese todo aquello que perfeccione –para todos- nuestra
democracia, nuestra Administración de Justicia y nuestra convivencia. No es la
reforma del delito lo que me preocupa, es el contexto en el que se realiza. Se
trata de un acuerdo, casi chantaje, entre el gobierno y unos delincuentes que
con la reforma dejarán de serlo y debilitarán la imagen del Tribunal Supremo y
del estado de derecho. Esta degradante forma de rebajar la sedición debilita al
Estado Español y fortalece a quién quiere cargárselo. Aparte, destaca la
evidencia de que la justicia no es igual para todos: la clase política –y más
si son mis socios- navega hacia una insaciable impunidad, al menos para los ya
indultados separatistas catalanes. En mi escala de valores, la impunidad está
reñida con la democracia.
Las
razones esgrimidas por Sánchez y su gobierno no parecen tener demasiada
consistencia. Aquello de homologar el delito de sedición con los países
europeos más avanzados no pasa de ser una frase falsa, pues la mayoría los países de
Europa velan por su integridad territorial y califican como alta traición los
intentos de mutilación de su actual mapa. Lo de ayudar a la convivencia con
Cataluña es falso ya que confunden la parte con el todo: el gobierno contenta a
los separatistas y cabrea a los no separatistas. La verdad, creo, se acerca a
lo dicho por Pere Aragonés, que la rebaja penal de la sedición responde a un pacto
entre el Gobierno de España y ERC y que están abiertos a ampliar y profundizar
esos acuerdos.
Hay
un argumento jurídico que llama mucho la atención: esta reforma, de llevarse a
cabo en los términos previstos –sedición = a desórdenes públicos agravados- defenderá
a una parte de la sociedad con el Código Penal, lo cual encierra una tremenda
contradicción.
Casi
eliminar el delito de sedición es una gran
pedrada al estado de derecho. En lenguaje vulgar es una cacicada, una
acción abusiva en el ejercicio del poder ya que no cuenta con los jueces, ni
con informes del Consejo de Estado, ni con la oposición,… además las prisas del
procedimiento delatan que algo no huele del todo bien.
El gobierno es consciente de que,
por suerte, la dinámica de los medios se repetirá: esperará y ayudará para que
otros asuntos empujen a este y lo saquen de las primeras páginas. Hay que
matizar que no es el gobierno, sino que serán los grupos parlamentarios del
PSOE y de Podemos los que precipitarán la reforma de la sedición por medio de
una proposición de ley, de esta forma eludirán al CGPJ.
Sello del centenario del Partido Comunista de España (1921-2021)
Poner en circulación un sello de correos no debería convertirse ni en noticia de primer nivel ni en hecho controvertido. Pero claro, un sello sobre el PCE, con la que está cayendo de frentismo y polarización en España, no puede pasar desapercibido y se convierte en arma arrojadiza de unos y de otros.
El
sello conmemora los 100 años de la fundación del Partido Comunista de España, un
partido, como casi todos, con luces y sombras a lo largo de este primer
centenario. Particular protagonismo tuvo el PCE en la Segunda República, la
Guerra Civil, la oposición al franquismo en la clandestinidad y su decisivo
papel en la Transición al aceptar la bandera nacional y la Monarquía
Parlamentaria. No es exagerado afirmar que el PCE ha estado presente en los
acontecimientos más importantes acaecidos en España en el último siglo. En este
sentido está justificada la emisión del sello.
Cosa diferente es el diseño del
mismo. Imaginemos el sello del PCE con los colores de la rojigualda[1],
bandera nacional que define la Constitución de 1978, en lugar de la tricolor de
la Segunda República (tampoco pasa nada, pero es un detalle). Imaginemos
también que la estrella de cinco puntas -símbolo que figuraba en la bandera de
la extinta Unión Soviética, está en la bandera de China (cinco veces), figura también en la de Cuba y en la de Corea del Norte- se hubiera sustituido por el
vigente escudo de España (Ley 33/1981, sancionada el 5 de octubre). La
presencia de la hoz y el martillo, como elementos centrales del sello,
simbología que se remonta a los orígenes del comunismo, resulta coherente
aunque es posible que los menores de cincuenta no sepan con claridad para que
se utilizaba una hoz. Creo que el sello presenta un mal diseño pues se ha
tirado de una imagen antigua del PCE. Los movimientos comunistas en la Europa
de hoy han perdido matices de radicalidad (Eurocomunismo de Berlinguer, Santiago
Carrillo aceptando la Transición, Simón Sánchez Montero apostando por la
reconciliación nacional, IU gobernando e influyendo en múltiples instituciones
en la España de hoy, Julio Anguita como paradigma de convivencia entre
diferentes…).
Recientemente, en el 2019, el
Parlamento Europeo aprobó la “Resolución sobre la importancia de la memoria
histórica europea para el futuro de Europa”, en la que condena los crímenes
cometidos por los regímenes nazi y comunista a lo largo del siglo XX. Es esta
una razón más para insistir en que el sello debiera destacar una imagen más actualizada del PCE.
Evidentemente
esto es solo una opinión. Desconozco los intereses que se han cocido en la
elaboración del sello. El diseño puede perjudicar al PCE en algunos sectores y
en otros lo puede beneficiar. La suspensión cautelar, por una jueza, de la citada
emisión, a petición de una asociación de abogados, me parece desproporcionada,
tanto la petición como la suspensión.
Sobre incluir “información pública” en medios privados
En el mismo día, esta era la tercera
cuestión que me llamó la atención. En un coloquio con exportavoces del gobierno,
la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lamentó que los medios se vuelcan en
informar de temas que “no tienen nada que
ver con lo que se adopta en el Consejo de Ministros”, a pesar de que son
asuntos que tratan de “las preocupaciones
del día a día de la ciudadanía”. Llegado ese punto comenta que “Igual que tenemos un espacio para el tiempo,
para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad,
tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo y
conseguiríamos que además del total de la actualidad, tuviéramos información
sobre las preocupaciones del día a día de la ciudadanía”. Se conseguiría
así que «la información se aproxime a un
interés no sesgado previamente». Hasta ahí las frases literales expresadas
por la portavoz.
Mi
primer comentario ante esto es que no sé si el conjunto de afirmaciones que
dice, las dice en serio, si se trata de una provocación o si se lanza para
despistar. Cualquiera de las tres posibilidades me suena a despropósito. Desde
luego no es la primera vez que el gobierno de Sánchez manifiesta su total
disgusto con las informaciones que sacan algunos medios privados. En agosto
pasado, y en otras ocasiones, ya expresó que los medios privados especulan de
más, intoxican de sobra e informan regular.
En mi opinión, el gobierno ya interviene bastante en TV1, TV2, 24horas y toda la red de Radio Nacional, aparte de medios privados afines que le sirven de portavoz y altavoces. Además tienen la red de RTV autonómicas. Una de las primeras acciones que hacen todos los partidos al ganar las elecciones es revisar, escrupulosamente, programas y responsables, aparte de colocar a uno de los suyos en el mando de RTVE. Esto no quiere decir que en la red pública, nacional o autonómica, no existan auténticos profesionales, pero si es cierto que permanecen y escalan los más afines ideológicamente. Una pena que los medios que todos pagamos no se rijan por criterios de transparencia, independencia, capacidad, rigor y calidad y que aticen a diestra y a siniestra con la mayor objetividad y pluralidad posible.
Que
el gobierno tuviera un tiempo en los medios privados para informar de la verdad a la ciudadanía me suena mal, muy mal.
Identificar verdad con información pública es un disparate. ¿Qué sería de los
gobiernos sin los maquilladores gabinetes de prensa y sin los centenares de
asesores de marketing? La libertad de prensa y de cátedra son contrapoderes en
las sociedades democráticas y así deben de seguir siendo. Que el gobierno
dispusiera de tiempo en los informativos de los medios privados sería una
intromisión intolerable que recuerda a los NODOs de Franco, al Pravda[2]
de la antigua Unión Soviética que traducido significa “la verdad”, al Granma
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba o al Völkischer Beobachter
(VB) del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores entre 1920 y
1945.
Sedición - Malversación
Como escribir estas líneas me
lleva un tiempo, los temas que trato evolucionan y así, hoy 16 de noviembre,
los medios y el gobierno hablan de relacionar la malversación con la sedición,
de tal manera que si ha malversado un sedicioso –p.e. gente de ERC- el Código
Penal casi que no lo tendrá en cuenta. Gabriel Rufián habla de que se debe
hacer cirugía en el Código Penal para que ningún juez encuentre una fisura por
la que poder juzgar a los condenados por sedición. ERC exige y el gobierno de
Sánchez concede lo inconcedible. Cuatro tibias voces del PSOE se manifiestan en
contra de todo esto, pero se esfuman pronto ante las enormes presiones
gubernamentales.
Al
analizar tanta movida detecto en mi horizonte que Sánchez se radicaliza porque quiere
absorber a Podemos, excepto en algunos asuntos de política exterior, p.e. la
OTAN, el Sahara, ... Desde hace tiempo muchas de las propuestas y matices de
Podemos son asumidos por el Presidente en el interior. Su intención es ser la
única referencia de la izquierda y si no, la mayor. En el caso de que no salgan
sus cuentas, seguramente podrá contar con el “Sumar” de Yolanda Díaz, ya hoy
muy diferenciada de Podemos. En un año saldremos de dudas.
Lo
cierto es que Sánchez no deja de sorprenderme. Hoy, a mediados de noviembre del
veintidós, somos espectadores de varias “pedradas”
más donde el riesgo de despeñarse es parte del paisaje cotidiano, aunque
siempre conserva cerca algún paracaídas de emergencia. Para mí, todas estas
iniciativas forman parte de una huida hacia adelante que pretenden finalizar en
óptimas condiciones la presente legislatura y estar en la mejor posición para
la carrera electoral del 2023. Ya veremos. De todas formas un gobierno tan “presidencialista”
no es santo de mi devoción.
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